Violencia en las canchas: embarrados por la ley – Por Lucas Prieto Schorr

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El presidente Macri decidió extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre, con la idea de otorgarle a los legisladores tiempo suficiente para tratar el proyecto de ley anti barras, pero desde el Senado advirtieron que el Día de los Inocentes no iban a tratarlo, generando que en Diputados la discusión se empantane y el proyecto que lleva dos años en el Congreso regrese a comisión.

Ante este fracaso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich declaró: “no quiero pensar que ganaron las barras bravas: las mafias en el fútbol son una realidad, y hay que destruir el negocio alrededor“.

Las barras bravas no son un invento argentino. En 1985 países integrantes de la entonces Comunidad Europea firmaron el Convenio 120 de Estrasburgo, que fue el puntapié inicial en Europa para la erradicación de la violencia en sus estadios. Esta violencia tuvo su raíz en el fenómeno del “hooliganismo” de Inglaterra, que se expandió hacia distintos países de Europa.

Margaret Thatcher fue una de las primeras mandatarias que ordenó la elaboración de un informe sobre la situación, del cual surgieron 43 recomendaciones. Las posibles medidas iban desde prohibir el ingreso bajo los efectos del alcohol o droga, hasta no vender bebidas alcohólicas en un radio menor a 10 calles y penas mínimas de tres años sin asistir a espectáculo deportivo alguno, entre otras.

En Argentina los principales problemas radican en el ascenso, donde es más difícil organizar una prevención eficiente. A esto se suma una notoria falencia de las autoridades políticas, incapaces de controlar la violencia, y de los dirigentes, que han convertido a las barras en parte del sistema dándoles trabajo en los clubes e incluso en organismos del Estado.

El fenómeno de la violencia en el fútbol argentino es un problema social de larga data. Las cifras arrojan un total de 328 víctimas fatales en espectáculos deportivos desde 1922 a la fecha, según la ONG Salvemos al Futbol. Solo por mencionar algunos casos vale recordar el de Enrique Battcock, un hincha de Tiro Federal, quien fuera una de las primeras víctimas a comienzos del siglo XX, o lo sucedido este año con Martín González de 20 años, quien falleció al recibir una pedrada en la cabeza durante un enfrentamiento entre la barra brava de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón.

Y por si esto fuera poco, el reciente suceso en los alrededores del Monumental expuso el funcionamiento de este sistema y la necesidad de un cambio. Se cree que el hecho que desencadenó los incidentes fue el allanamiento en la casa del jefe de la barra de River, donde se secuestraron 300 entradas destinadas para reventa. De aprobarse el proyecto de ley en discusión, este hecho dejaría de ser una mera contravención, con una pena de hasta 20 días de arresto, para convertirse en un delito con penas de hasta 2 años de prisión y con posibilidad de elevarse a 8 años si las entradas en cuestión fueran falsas.

La solución no solo pasa por el texto normativo. Los países que atacaron exitosamente el problema se focalizaron también en realizar inteligencia previa y, para ello, cuentan con un cuerpo especializado en seguridad que les permite realizar un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Pero sobre todo hubo decisión política de las máximas autoridades que convirtieron a la problemática en una cuestión de Estado y no en una reacción espasmódica ante un hecho que trasciende en los medios y nos avergüenza a todos. Resta esperar para ver cómo se avanza en Argentina, que por ahora sigue siendo un país embarrado y sin leyes que devuelvan el orden necesario.

Lucas Prieto Schorr es Director de El Monitor de la Justicia.

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